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Realizadas por el ‘Ejército antirestitución de tierras’

Amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos en Colombia

Diario Ya.   La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Colombia ha denunciado las amenazas de un grupo autodenominado 'Ejército anti restitución de tierras' hacia defensores de derechos humanos y otras personas de la vida pública.

Según comunica la agencia EFE, el representante de la Oacnudh en Colombia, Todd Howland, reivindicó mediante un comunicado que los defensores y activistas deben ser "protegidos por el Estado" y "respetados por todas las personas de un país", ya que "Su trabajo es fundamental para lograr que se llegue al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, y sociales, económicos y culturales. La ONU respalda y valora su trabajo", afirmó Howland.

La oficina conoció el pasado miércoles un panfleto firmado por el Ejército Antirrestitución en el que amenazan a varios activistas y reclamantes de tierras y los acusó de "quitarle la tierra a los ciudadanos de bien para dársela a los guerrilleros".
 
Las personas a las que iban dirigidas las amenazas eran para el legislador Iván Cepeda, la ex alcaldesa Gloria Cuartas, la ex senadora y mediadora en más de una decena de liberaciones con las FARC, Piedad Córdoba; y a Lilia Solano,todos ellos miembros de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz. También son objetivos de las intimidaciones abogadas del Colectivo José Alvear Restrepo (CCAJAR), juristas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y otras personas.
 
Existen una serie de grupos ilegales cuyo objetivo es impedir la aplicación de la ley promulgada en el año 20120, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo objeto es devolver a los dueños los territorios usurpados en el marco del conflicto armado.
 
Naciones Unidas manifiesta que "la restitución de tierras es un mecanismo de reparación a graves violaciones de derechos humanos" y "miles de personas en Colombia fueron asesinadas, desaparecidas, amenazadas y desplazadas de sus territorios, en los últimos años".
 
Por eso, concluyó que "impedir el reclamo de estos derechos es un acto no solo ilegítimo sino que atenta contra los derechos de miles de colombianos" e instó al Estado a "investigar, juzgar y sancionar a los autores".

 

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