Editorial. 10 de junio. No importa el nombre bajo el que se nos presente, la dosis en la que se administre o el color que tenga. Da igual si vestimos el término con hermosos adjetivos, con palabras que evoquen idílicas praderas o apelemos a nobles sentimientos, al hombre que llevamos dentro, a la sensibilidad que inunda nuestros corazones de laxitud y nuestros ojos de lágrimas. Es indistinto porque seguimos hablando de un crimen cuando hablamos de eutanasia.

Lejos de todo el ropaje de engaño y manipulación del que sólo son capaces las palabras hábilmente colocadas, la motivación última y real que fomenta leyes como la aparecida hoy en Andalucía es mercantilista. No se aplica la buena muerte, la dulce muerte, el tránsito sereno o como quiera llamarse por una cuestión de humanidad; no se hace porque evite sufrimientos ni agonías; no se administra para reconciliar al hombre con su naturaleza. Se ejecuta para liberar al Estado de la carga onerosa de la enfermedad, para evitar a las compañías de seguros el coste de unos servicios a perpetuidad, a la Seguridad Social de una cama ocupada.

El sistema liberal se basa en la producción. Quien no produce, consume. En tiempos tan delicados como estos, en los que la economía es una exigencia y la reducción de costes algo obligatorio, la sanidad, entendida como negocio y como resultado de sumas y restas de activos y pasivos, de ganancias y pérdidas, imponen una solución rápida a los consumidores compulsivos que, por vejez o enfermedad, no son susceptibles de ser recuperados para el sistema productivo. Quien no cotiza, estorba.

En el sistema liberal, un enfermo terminal, por largo que sea el proceso que habrá de matarlo, es siempre un problema. La eutanasia, fuerza liberadora, eleva al grado de asesina a la sociedad que la practica y de criminal compulsivo al Estado y las leyes que la amparan.