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Cabo Verde: Un destino de inversión cada día más buscado

La República de Cabo Verde se ha convertido en un destino cada vez más seguro, estable y previsible, de modo que cada día que pasa es más atractivo tanto para las inversiones nacionales como para las extranjeras, en los más diversos sectores.
Sin embargo, el sector turístico se ha puesto de relieve por su potencial añadido y, como no podría dejar de ser, es uno de los pilares centrales de la economía nacional.
La estrategia de este Gobierno fue trazada, desde primera hora, teniendo al sector privado como motor de la economía. Tanto que este Poder Ejecutivo ha sido innumerables veces reconocido como socio de empresas tanto públicas como privadas. Esto ha repercutido en el conjunto de las inversiones nacionales y extranjeras, que van aumentando año a año y siendo cada vez más diversificadas.
Una de las razones de este gran prestigio es el hecho de que el destino Cabo Verde es previsible, fiable y jurídicamente seguro, donde las instituciones funcionan. Por lo tanto, continúa y seguirá siendo seguro en todos los aspectos, y la gestión de los terrenos ha tenido una grande atención por diversos intereses.
La respuesta del Gobierno sigue, igualmente, en la misma línea: es decir, las oportunidades de uso/explotación de los terrenos se proporcionarán exclusivamente para aquellos que realmente tienen proyectos serios, creíbles y de ganancias de capital en el país. Esto, independientemente de si el promotor es nacional o extranjero.
El país tiene una buena reputación, reconocida tanto por los empresarios como por las instituciones extranjeras, lo que conservará para el bien de los que ya invierten en Cabo Verde y para el bien de los que nos buscan con proyectos para futuras inversiones. Todos serán bienvenidos siempre y cuando sean serios y creíbles.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística, en lo que refiere al indicador del clima económico de 2º trimestre de 2019 apuntan que el ritmo de crecimiento se aceleró, situándolo por encima de la mediana de la serie y evidenciando una coyuntura económica favorable. Este diagnóstico coyuntural es el resultado de las apreciaciones positivas transmitidas por los empresarios del área de turismo, de construcción, de comercio, transportes y de turismo residencial.
Con el fin de tener un uso eficiente y eficaz de los terrenos, el Gobierno de la República de Cabo Verde, mediante la Resolución nº 86/2017, ha decidido evaluar los incumplimientos de los contratos de inversiones en las esferas del desarrollo turístico (ZDTI) y en los demás terrenos, tanto en el dominio público como en el dominio privado del Estado.
Estudios realizados por expertos han demostrado que los terrenos de las zonas turísticas especiales (ZTE) se utilizaron con fines puramente especulativos, con efectos negativos en la competitividad del turismo nacional. Una situación que, además del Gobierno haya adoptado medidas para su regularización, también actuará para reducir al mínimo la propensión a las actividades especulativas. Esto es, de la misma manera que ha actuado en el sentido de mejorar, también lo hace en la creación de un nuevo mecanismo para la protección de las inversiones realizadas en el territorio nacional.
Según la resolución nº 86/2017, el Estado, amparado por la ley, tiene la posibilidad de negociar con los inversores en incumplimiento y, en caso de falta de acuerdo, recuperar los terrenos, y destinarlos a la promoción de inversiones y a la creación de puestos de trabajo. Además, le compete la facultad de definir los parámetros generales para la regularización de las situaciones de incumplimiento de las deudas resultantes de los contratos celebrados.
Como resultado, el Gobierno logró resolver alrededor del 60% de las situaciones de incumplimiento, con una cantidad total de aproximadamente 1.161 (miles y 161 mil millones de escudos) que se estiman a nivel de ingresos y la recuperación de un área alrededor de 1.784,95 hectáreas.
El Gobierno recuerda que, en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la fecha de la firma de los acuerdos, las inversiones deben ser efectivamente realizadas o iniciadas de una manera sustancial. El cumplimiento de este plazo es esencial para que la inversión cree valores y así contribuya a la mejora de la vida de las poblaciones a las que sirve el Gobierno.