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Diario YA


 

A esta supuesta Comisión Internacional de Verificación, ni caso

“Donde no me llaman, para nada me querrán”

Miguel Massanet Bosh. Cuando uno se encuentra en un pozo lleno de agua y no sabe donde asirse, para conseguir sobrevivir se agarra a cualquier saliente aunque este esté lleno de aristas, helado o poblado de bestias asquerosas que lo conviertan en algo peligroso y repugnante. La sensación que, en estos momentos, nos produce el tema de los terroristas de la banda ETA es que, precisamente a causa del fruto de la colaboración la policía francesa y la española, cada vez son menos los etarras que están en condición de llevar a cabo atentados, menos sus recursos económicos y menos sus posibilidades de evadirse de las pesquisas de las fuerzas del orden. En estas circunstancias es evidente que, el propósito que parece que viene intentando conseguir lo que queda de la banda ETA, es encontrar una salida airosa para evitar que se diga que tantas muertes, tantos dolor, tantos millones gastados y tanta juventud despreciada en nombre de una causa utópica, en realidad, no han servido para nada más que para hacer el ridículo y causar el dolor y la desesperación en miles de familias.

No hace mucho tiempo tuvimos el dudoso “honor” de recibir a un enviado de la ONU, un tal señor Greiff, para recabar información sobre los llamados “crímenes del franquismo”. En efecto, uno de estos “investigadores” encargados de conseguir datos para la llamada “Justicia Transicional”, en la que parecen haber decidido implicarse los deshacedores de entuertos que no tienen algo mejor y más productivo que sacar a relucir episodios de la Historia que, al menos en España, estamos deseando darles carpetazo para vivir en paz y armonía, después de 75 años de que concluyera aquella guerra entre hermanos. Vino, se puso en contacto con quienes le pareció y se fue, supongo que después de ponerse ahíto de paella y de “pescaítos fritos calientes”, de vuelta a su origen. A mí me hizo el efecto de que tal sujeto no era más que uno de aquellos curiosos mal educados que vienen a fisgar en una tertulia o que realizan en una reunión aquellas preguntas de mal gusto que no se pueden contestar más que mandándolos al carajo.

Ahora, por segunda vez en un tiempo relativamente corto, han vuelto a hacer acto de presencia en nuestra nación unos señores con ínfulas de intermediarios, a los que nadie reconoce como tales, entre otras razones, porque un intermediario ha de ser aceptado, previamente, como tal por las partes que mantienen un litigio. Y, en este caso, no solamente estos señores, a los que nadie sabe quien les paga sus honorarios, pero que vienen a España a vivir a cuerpo de rey, atribuyéndose representaciones que nadie les ha concedido y que, al parecer, se dedican a ir por estos mundos viviendo a costa de incautos que los utilizan con la intención de que, con el prurito de ser “personajes importantes”, les saquen las castañas del fuego, bajo el disfraz de ser portadores de la paz y buscadores de la concordia.

Lo que parece que olvidan, estos sujetos, es que aquí no se trata de una disputa en la que ambas partes se encuentran al mismo nivel, que permita una arbitraje o un acuerdo transaccional; no, no señores, en este caso estamos hablando de unos criminales, con casi mil asesinatos a sus espaldas, que pretenden que el Estado español los eleve al nivel de personas honorables con las que se pueda discutir de igual a igual. La pretensión de equiparar las actuaciones de ETA a lo que pudiera haber sido una guerra entre ambas partes, no hace más que distorsionar la verdadera naturaleza de esta cuestión. En efecto, estamos hablando de una intervención policíaca contra una banda de asesinos, del orden público utilizado contra la comisión de delitos conocidos en el ordenamiento penal como asesinatos. Nada hay, en el comportamiento de la banda terrorista, y así ha sido reconocido en Europa, que les confiera ni el más mínimo atisbo de legitimidad, justificación, acción humanitaria ni reivindicación política que haya podido respaldar la actuación de los abertzales, que han actuado sin piedad alguna en contra, no sólo de militares o policías, sino de personas: niños, mujeres y civiles, que nada tenían que ver con las reivindicaciones territoriales de estos sujetos que, no obstante, no han reparado en medios arteros , por muy destructores y sangrientos que hayan sido, para llevar el terror a toda España.

Si todo lo que estos supuestos intermediarios han venido a ofrecer al Gobierno español, ha sido este simulacro de mini entrega de armas como una demostración de las “buenas intenciones” de los etarras; mejor hubiera sido que se quedaran en sus casas; porque, si hay algo más ridículo que la teatralidad que le han querido dar a la entrega de unas pocas pistolas, dos granadas, unos cartuchos probablemente caducados y unos saquitos de dinamita; seguramente es difícil de encontrar. ¿Cuándo se van a enterar estos señores de que, lo único que cabe hacer, lo único que van a admitir las personas honradas de este país, lo único que puede inducir a las víctimas de sus crímenes a aceptarlo con una cierta tolerancia hacia estas personas, que tanto daño nos han hecho, es su disolución inmediata sin condiciones, la entrega de todas sus armas y el cumplimiento de las penas que los tribunales les impongan en función de los crímenes que cada uno de ellos han cometido?

Es insultante, para el Estado español, que unos supuestos intermediarios, atribuyéndose facultades que no tienen, actuando como supuestos representantes de organizaciones de derechos humanos y presentándose como quienes tienen autoridad para imponer sus deseos a unas partes que, al menos en lo que respeta a nuestras fuerzas de la policía y Guardia Civil, no tienen la más mínima intención de aceptar. Antes bien, parece ser que la organización de víctimas del terrorismo del País Vasco, (Covite) ha decidido presentar una petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, exigiendo que se cite a los miembros de la comisión de intermediarios para que declaren como testigos y den los domicilios y los datos de los miembros de la banda con los que, clandestinamente, han contactado, a efectos de que nuestras fuerzas de seguridad puedan acudir a detenerlos. Una idea excelente que, de llevarse a cabo, es posible que les hiciera pensar a estos ilusos que, con el Gobierno y la Justicia españoles, no valen esta clase de subterfugios. Es evidente que la crisis que hemos padecido, agravada por la incompetencia del gobierno del PSOE para enfrentarse a ella, ha hecho creer a algunos que, España, es un país de tercera categoría, que somos fácilmente manejables, que pueden pretender invadir nuestras competencias u obligarnos a aceptar lo que les parezca. Están muy equivocados y lo hemos sabido demostrar cada vez que, desde fuera del país, han pretendido aprovecharse de nuestra hipotética debilidad. La Historia es testigo de que así ha sido en todas las épocas, desde los Íberos a nuestros días. Ya no hablemos cuando se trata de una colección de presuntos interventores, que pretenden venir a imponernos sus opiniones que, curiosamente no consisten más que en darles una salida a los etarras que quedan, para evitar que se les apliquen los castigos a los que se han hecho acreedores

En este país todavía quedamos muchos españoles para quienes el concepto de patria tiene un significado entrañable. Los suficientes para que sintamos orgullo por ser españoles, de modo que cualquiera que pretenda inmiscuirse en nuestros asuntos sin haber sido requerido para ello, lo consideremos un intruso y un indeseable, al que se le debe señalar la salida para que se vaya. O así es, señores, como vemos indignados este asunto.

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